La revisión del PEP en el tema de turismo es una medida necesaria pero totalmente insuficiente. De hecho, los argumentos de la Memoria Informativa del PEP ya dibujaban en 2018 una situación extremadamente crítica de terciarización, pues se afirma que hay un problema evidente de facto de saturación turística en Ciutat Vella con un impacto claro en la vivienda residencial.
Tenemos barrios como el del Mercat, por ejemplo, donde hay más plazas hoteleras que residentes. Es una situación grave y crítica. La turistificación en Ciutat Vella se está cronificando y el Ayuntamiento no le pone solución. Solo receta agua con limón para una enfermedad que necesita una medida drástica como la prohibición inmediata de más plazas hoteleras, incluso para las licencias en trámite. A partir del momento en que se dicte este tipo de medidas, ya podemos hablar de un efecto contra este turismo desbocado que infecta la vida cotidiana de los residentes.
Si el ayuntamiento está de verdad del lado de la residencialidad como muchas veces ha repetido la vicealcaldesa, debe actuar de manera contundente contra las actividades nocivas que destruyen los barrios.
Puede empezar ya con el megahotel que Julián López ha proyectado en el barrio del Mercat: unos solares que eran del ayuntamiento y ha vendido por un millón de euros. Iban destinados a vivienda y se está tramitando como hotel y apartamentos turísticos.
Es triste, pero también inaceptable, que la vicealcaldesa mienta ante los micrófonos de la emisora de la SER-Valencia diciendo que no se ha vendido suelo público para uso turístico cuando hay documentos oficiales que lo acreditan. Este tipo de expresiones, que intentan confundir a la ciudadanía, puede denigrar la imagen de los cargos públicos.
Esta semana hemos conocido que el Ayuntamiento ni siquiera ha estudiado nuestras alegaciones que, en última instancia, van dirigidas a amortiguar los efectos negativos del dramático proceso de terciarización que sufre Ciutat Vella. Es más, habría ayudado a la administración a definir conceptos de uso urbanístico en la variedad de piso turístico y actividad hotelera… pero parece que el ayuntamiento prefiere la confusión.
PATRIMONIO Y LA NORMATIVA EN PLANES ESPECIALES DE PROTECCIÓN
No nos sorprenden las actuaciones que el ayuntamiento realiza contraviniendo la propia normativa patrimonial municipal o la autonómica, lo cual denota falta de aprecio hacia el patrimonio de todas las valencianas e insuficiente voluntad en el cumplimiento de la normativa, tanto de los técnicos de urbanismo y patrimonio histórico, como de sus responsables políticos.
Por desgracia es el mismo ayuntamiento el que tergiversa la normativa urbanística, aprobando proyectos en contra de la normativa urbanística de protección del patrimonio. Podemos poner un ejemplo: en la normativa del Plan Especial de Protección de Entornos BIC se permite la agregación funcional de edificios protegidos con los colindantes ÚNICAMENTE en casos muy concretos que respeten ciertos aspectos patrimoniales. Pero esta posibilidad excepcional está tajantemente prohibida por un artículo que dice: “Lo anterior no será de aplicación a los edificios incluidos en el nivel de protección integral y los pertenecientes al lnventario General de Patrimonio Cultural Valenciano” como es el caso de los BRL Casa Vella y los palacios de los Exarch.
Bien, pues los técnicos, en vez de llamarle “agregación funcional”, dicen “conexión”, y así autorizan esas obras que destruyen parte de los muros medianera en cada planta del edificio BRL porque según ellos se realiza “a través de huecos estrictamente para cumplir la normativa de accesibilidad”, y precisamente esto es lo que prohíbe la norma urbanística: que se acceda de un edificio a otro.
Los técnicos de este ayuntamiento que han redactado algunos informes urbanísticos para autorizar hoteles y apartamentos turísticos tergiversan y manipulan la lectura clara y rasa de las normas urbanísticas de protección del patrimonio: parece que intentan engañar a la ciudadanía. En estos últimos cuatro años hemos asistido a unas tramitaciones de licencias de actividad e informes ubanísticos poco fiables, de dudosa legalidad, y las responsables políticas no han estado a la altura de las circunstancias. Es inadmisible que estas concejalas hayan gestionado con tanta incompetencia el patrimonio monumental de esta ciudad. La poca sensibilidad que han demostrado les inhabilita para dichas competencias.
