Amics del Carme solicita al Ayuntamiento el cese inmediato de la actividad del local Convent Carmen como paso previo a la demanda por inactividad en el cumplimiento de las ordenanzas municipales
Las razones en las que se fundamenta la petición de cese son singularmente graves:
- No haber protegido el valor patrimonial del antiguo convento de San Jose, y no haber evitado las obras que han transformado el jardín en un restaurante al aire libre.
- No aplicar la normativa sobre contaminación acústica que prohíbe nuevos locales y no proteger la salud y el derecho al descanso de los vecinos.
- Saltarse el procedimiento administrativo a la torera y ocultar durante más de 8 meses el expediente de aprobación en trámite a los legítimamente interesados.
El pasado 5 de septiembre, el Ayuntamiento de València nos notificó el requerimiento efectuado a los propietarios de Convent Carmen, un requerimiento que constituye, en sí mismo, un monumento al despropósito:
“Comprobado e informado por los técnicos municipales de las inexactitudes o falsedades de cualquier dato, manifestación o documento presentado o que no se ajusta a la normativa en vigor, requiérase a la titularidad de la actividad, para que, en el plazo de UN MES, subsane las deficiencias, y aporte la documentación acreditativa y justificativa de las subsanaciones señaladas en los citados informes”
Solo que la actividad a subsanar había finalizado el 6 de enero y el informe en cuestión pone en evidencia que la supuesta actividad, en teoría finalizada cuando se realiza la inspección, no cumple ni uno solo de los requisitos exigibles: Accesibilidad, ventilación, sanitarios, evacuación, ambientación musical, … , además de no constar por ningún lado la acreditación oficial de los informes del proyecto, como tampoco dictamen patrimonial alguno.
A pesar de ello, y sin valorar la gravedad de las carencias que los técnicos señalan en su informe, el Servicio de Actividades le concede “un mes” para subsanar “inexactitudes o falsedades”.
Este es el motivo por el que Amics del Carme ha solicitado, primero, el cese inmediato de la actividad y después la aclaración de todas las anomalías detectadas:
- Incumplimiento de las normas de protección del “Bien de Relevancia Local”, normas que limitan el tipo de obras a realizar exclusivamente a las de conservación y, en todo caso, con informe patrimonial previo.
- Permitir un ruido ambiente superior a los 45 decibelios en una zona saturada y protegida con limitaciones de uso, a pesar de las reiteradas denuncias que se acumulan desde noviembre del pasado año de vecinos, policía local y la propia asociación.
- Y, formalmente la más grave, la ocultación del expediente a pesar de los informes favorables del Servicio de Transparencia del propio ayuntamiento para que fuera accesible a los vecinos.
El paso siguiente será demandar judicialmente al ayuntamiento si en el plazo legalmente previsto (3 meses) no atiende al emplazamiento realizado.
El problema es que, como hemos señalado ya en varias ocasiones, esta tramitación digamos “anómala” no es un hecho aislado y está en la raíz de buena parte de los problemas de gentrificación que padecemos en Ciutat Vella.