En declaraciones recientes, el departamento de la vicealcaldesa Sandra Gómez, responsable de las licencias urbanísticas, afirmó ante las críticas de los vecinos de Ciutat Vella por la inacción del Ayuntamiento para cerrar apartamentos turísticos ilegales que “en 2021 se abrieron 72 expedientes de restauración de legalidad de apartamentos turísticos en el centro histórico y se determinaron 37 ceses de actividad y reposición del uso residencial de las viviendas”.

A continuación os contamos la historia real de la odisea por la que está pasando una familia del barrio del Carmen para que el Ayuntamiento clausure un apartamento turístico, manifiestamente ilegal, que está funcionando justo en el piso de arriba de su hogar.

Esperamos que esta historia sirva para demostrar que el Ayuntamiento confunde a la opinión pública con los datos que da, pues una cosa es “determinar” con una resolución el cese de actividad de un apartamento turístico sin licencia y otra muy diferente es que el apartamento deje realmente de funcionar. Esperamos también que esta historia sirva para que el gobierno municipal cambie los procedimientos para clausurar estas actividades ilegales.

Crónica de una familia de Ciutat Vella que denuncia la actividad de un apartamento turístico ilegal

Hartos de soportar fiestas con alcohol en el piso de arriba, llamadas a su timbre por turistas borrachos a altas horas de la noche y mal uso de los elementos comunes del edificio, esta familia decidió presentar denuncia ante el Ayuntamiento. A esta familia le supo mal comunicar los hechos al Consistorio, pues implicaba enfrentarse a sus vecinos, aunque hacía años que el piso funcionaba como turístico y los vecinos no vivían allí. Pero pensaron “a nuestros vecinos no les importa amargarnos nuestra día a día ejerciendo actividades ilegales. No les importa contribuir a la especulación inmobiliaria en el barrio. Tenemos que defender nuestros derechos. Es injusto que el Ayuntamiento no haga de oficio su trabajo, pero tenemos que pasar a la acción”.

Así, esta familia presentó denuncia en el registro oficial municipal en agosto de 2021. Por suerte, el apartamento turístico en cuestión estaba inscrito en el registro de la Generalitat, aunque sin licencia. Por tanto, los servicios de inspección y la Policía Local no debían hacer muchas investigaciones para determinar que, efectivamente, ese piso funcionaba como turístico. Esto aceleró la resolución de la vicealcaldesa ordenando el cese de actividad, que llegó en enero de 2021. Y aquí empezó la odisea de esta familia para que esa resolución sea efectiva, algo que no se ha conseguido todavía, casi un año después de la denuncia, aunque esa actividad no es legalizable, ya que por debajo tiene viviendas de uso residencial.

Lo que primero llamó la atención es que para cerrar una actividad de ese estilo el Ayuntamiento dio dos meses a los infractores. ¿Dos meses? ¿Por qué? Normalmente se da 15 días para trámites así. Por supuesto, durante esos dos meses los propietarios del piso turístico siguieron facturando ilegalmente. No hubo ningún movimiento de clausura de la actividad.

Hasta que, por fin, pasaron los dos meses y llegó marzo. Pero, para nuestra familia, la sorpresa fue mayúscula: aunque la orden municipal era firme y el plazo de ejecución había terminado, ¡¡¡el apartamento turístico seguía funcionando!!!

Después de muchas llamadas e intentos, lograron que la Policía Local se personara en el apartamento turístico y levantara acta de la situación hasta en tres ocasiones: a mediados y finales de marzo y a finales de abril, identificando a los inquilinos temporales, que informaban a los agentes haber alquilado el piso por unos días a través de la plataforma AirBNB y mostraban la ficha de reserva. La familia, que tenía acceso al expediente mediante la sede electrónica, estaba convencida de que cada acta de la Policía Local se traducía en una sanción por incumplimiento del decreto de la vicealcaldesa, pero nada más lejos de la realidad: el expediente no avanzaba. A la cuarta vez que llamaron a la Policía Local para que acreditara que el piso turístico seguía funcionando, los agentes informaron que ellos no volverían al piso. Según la Policía Local, ellos ya habían hecho todo lo que debían y no podían hacer nada más hasta que el departamento de licencias urbanísticas lo ordenara.

Contactar con licencias urbanísticas no fue nada fácil, pues es un departamento al que no puedes acceder por teléfono a través de la centralita, sino que se parapetan tras un correo electrónico. Después de muchos correos electrónicos, pudieron conseguir un teléfono (por error de un funcionario, por cierto, porque si no, imposible). La conversación fue la siguiente:

• Como puede ver, el expediente no avanza. La resolución del Ayuntamiento no se ha ejecutado y sigue funcionando el apartamento turístico, según ha acreditado la Policía Local en tres ocasiones. ¿Qué piensa hacer el Ayuntamiento para hacer cumplir la resolución? – preguntó nuestro vecino al funcionario.
• Pues hasta que no pongamos diez multas coercitivas por incumplir la resolución no podemos ordenar el precintado o el corte de la luz o agua – explicó el funcionario.
• ¿Diez multas? ¡Pero si todavía no han puesto ni una! ¿Cuánto tiempo puede pasar para que pongan diez? – se indignó el vecino.
• Vamos a empezar por la primera – dijo con calma el funcionario.
• ¿Es usted consciente de que nos dejan a los vecinos en total situación de indefensión?
• Lo sentimos.

Y la actividad ilegal siguió funcionando con total impunidad. Mientras, ya en el mes de mayo, la familia fue notificada de que los propietarios del apartamento turístico habían recurrido la decisión del Ayuntamiento a los juzgados de lo contencioso administrativo. No tenían ninguna posibilidad de obtener la razón, puesto que el funcionamiento como alojamiento turísticamente era y es manifiestamente ilegal, pero buscaban ganar tiempo y seguir haciendo caja. Como interesados, nuestros vecinos afectados podían personarse en el procedimiento judicial. Buscaron letrado y procurador y así lo hicieron. Fue entonces como tuvieron conocimiento de que el juzgado ya había dictado un primer auto denegando las medidas cautelares a los propietarios del apartamento turístico y dando la razón al Ayuntamiento. Debido a esta nueva situación, nuestros vecinos apostaron por llamar a la Policía Local, quienes, ante el auto del juzgado, se personaron por cuarta vez para dar fe de que el apartamento turístico seguía funcionando e incumpliendo la resolución judicial.

Nuestros vecinos llamaron de nuevo a licencias urbanísticas. Era finales de mayo y el expediente en el Ayuntamiento seguía sin avanzar. En este caso pudieron hablar con una funcionaria de más alto rango.

• No es solo que la resolución de la vicealcaldesa es firme en vía administrativa, sino que viene reforzada por un auto judicial de denegación de medidas cautelares. Sin embargo, no han hecho nada por hacer cumplir la resolución. Ni siquiera han empezado a tramitar la primera multa – introdujo nuestro vecino.
• Es que como el expediente se había judicializado, lo habíamos paralizado – respondió la alta funcionaria.
• Pero mientras un juzgado no diga lo contrario, la resolución municipal es firme. ¿Es así?
• Sí, es así.
• Además, viene reforzada por un auto de no aceptación de medidas cautelares. Ustedes tienen la obligación de defender y aplicar los acuerdos municipales.
• Tiene razón. Pero mire, lo habíamos paralizado.
• ¿Y en qué ley se basan para paralizarlo?
• No, en ninguna.
• ¿Es usted consciente de que, a pesar de haber cuatro informes de la Policía Local, un decreto de la vicealcaldesa y un auto de un juez, el apartamento turístico ilegal sigue molestando a los vecinos y su ineficiencia nos produce una indefensión absoluta?
• Lo entiendo. Pero como se trata de una vivienda, pues damos mucha seguridad jurídica.
• ¿Y qué seguridad jurídica me dan a mí?
• … – no respondió la funcionaria.
• Parece que trabajen para los infractores que ejercen una actividad económica sin licencia. A nosotros nos tienen desamparados. Además, ¿por qué dice que se trata de una vivienda si tiene cuatro informes de la policía local dando fe de que no se utiliza como vivienda?
• En este caso tiene razón, la Policía Local lo ha acreditado muchas veces, no suele ser habitual.
• Es que mi familia y yo somos muy insistentes. No nos dejan descansar.
• Podría hablar con la asesoría jurídica del Ayuntamiento para ver si en este caso, como disponemos de muchos informes policiales, podemos proceder diferente.
• ¿Se han planteado que los vecinos de mi finca podríamos ir contra ustedes por no hacer cumplir la resolución de la vicealcaldesa, a pesar de la situación del expediente? ¿Han pensado que podríamos comunicar al juzgado que tanto los propietarios del apartamento turístico como ustedes, los funcionarios, están desobedeciendo el auto del juez? Algún día les pasará.
• Tiene razón. Hablaré con la asesoría jurídica.
• ¿Han comunicado a la Generalitat Valenciana que tal apartamento turístico está funcionando sin licencia, a efectos de las sanciones reguladas por la ley de turismo autonómica?
• Pues no, no lo hemos hecho.
• ¿Y eso?
• Nos centramos solo en temas de compatibilidad urbanística.
• Pero tienen la obligación de comunicarlo, ¿verdad? ¡Qué chollo tienen los infractores! ¡Ni multas por incumplir la resolución, ni multas por funcionar sin licencia!
• Tiene razón. Lo comunicaremos a la Generalitat.
• Por favor, cuando diseñen los procedimientos piensen en los vecinos. Saben que los apartamentos turísticos son un grave problema para Ciutat Vella. No es solo un tema de ruidos y un problema de convivencia. Es especulación inmobiliaria que está afectando al precio de la vivienda y de los alquileres. No es normal que para cerrar estas actividades ilegales se pueda tardar años y que muchas veces los procedimientos de las multas caducan y hay que volver a empezar, alargando más el proceso de cierre. Esto es insufrible.
• Lo tendremos en cuenta, muchas gracias – dijo la funcionaria, con poca empatía.

Y es así como a día de hoy, a finales de junio, casi un año después de la presentación de la denuncia y media año después de la orden de clausura, los dueños del piso siguen sin recibir ninguna multa ni sanción.

Cerrar un apartamento turístico ilegal es una odisea para cualquier familia que quiere dejar de sufrir los ruidos, fiestas y otros inconvenientes.

La administración ha diseñado unos procedimientos que protegen a los infractores y la convierte en cómplice de estos. Los efectos negativos de estas actividades ilegales sobre Ciutat Vella son muchos, pero a destacar: especulación inmobiliaria, terciarización, fuga de residentes y quebranto de sus más derechos fundamentales, como el descanso.

Efectos sobre los que el gobierno local hace oídos sordos.