Transparencia de pago en el Ayuntamiento de Valencia

Con mucho acierto, el gobierno municipal salido de la Nau ha hecho de la transparencia y la participación una de sus señas de identidad. Por ello sorprende especialmente que al preguntar al Ayuntamiento cuál es el número de quejas, incidentes o denuncias de los vecinos del Carmen sobre la actividad de los apartamentos turísticos que proliferan por el barrio o sobre las denuncias que acumulan determinados locales que abusan del espacio público, nos digan que antes hay que pagar no menos de 30 euros. No es que se trate de una cantidad astronómica, pero sí es desde luego disuasoria, penalizadora.

No deja de sorprender que este dato no sea público ya de entrada. El debate sobre el nefasto impacto que la actividad descontrolada de estos apartamentos o de algunos restaurantes tiene sobre la convivencia vecinal está en el orden del día de reuniones de todo tipo, en los medios de comunicación y en las conversaciones a pie de calle, pues no es un tema baladí, está en juego la “habitabilidad” de un barrio, el modelo de centro histórico.

Lo mismo les ha ocurrido a los pacientes vecinos de la calle Buen Orden que hace unas semanas publicaban una carta abierta desesperada solicitando amparo a Joan Ribó [Levante EMV 09-06- 2016]. Para poder saber que el pub gamberro que impunemente les amarga cada noche la vida, cuenta en su haber con 30 expedientes sancionadores, 22 de ellos por faltas graves (solo en el último año), han tenido que pagar los correspondientes 30€. De nuevo el Ayuntamiento penaliza a aquellos que tratan de entender por qué no se respeta su derecho al descanso a pesar de las continuas quejas y denuncias.

El gobierno municipal haría bien en asumir que la transparencia va más allá del mero control administrativo de su actividad -o de su inactividad, en este caso-. El gobierno de la Nau debería saber que poner el foco informativo a los problemas cotidianos de la ciudad, hacerlos transparentes, especialmente sobre aquellos que degradan la calidad de vida de sus vecinos, además de transparencia, es buen gobierno.

La participación sin información es solo ruido, confusión. Ahora que tanto se invita a la ciudadanía a practicar la conciliación frente a los conflictos que generan el turismo “low cost” o la zonificación del ocio, conviene recordar esta premisa básica.

La participación requiere de interlocutores cualificados y empoderados, y de momento los vecinos no parece que gocemos de ese estatus. Esperemos que el gobierno municipal esté por la labor.

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